Cuestionan la conversión del Tribunal de Faltas en subsecretaría
(Tigre – Municipales – 23/07/2009)
El oficialismo de Tigre aprobó una ordenanza que transforma el Tribunal de Faltas en una subsecretaría del Ejecutivo Municipal. Para la oposición vecinalista, aunque el Intendente tiene la facultad de nombrar al juez de faltas, sin la existencia de la institución del juzgado el Ejecutivo municipal tendrá el doble papel de fiscal y juez, en detrimento de los derechos de los vecinos de Tigre.
La polémica ordenanza que convierte el Tribunal de Faltas de Tigre en una subsecretaria dependiente de la órbita del Ejecutivo municipal, aprobada por la mayoría oficialista en la última sesión del Deliberativo levantó críticas en la oposición vecinalista. El juez de faltas desplazado, el abogado Aldo Pareto, tenía el cargo desde los años ´90.
El Tribunal de Faltas de Tigre fue creado por Ordenanza N° 391/86, promulgada por Decreto N° 6321 del mismo año. Los tribunales de faltas en las comunas son los encargados de juzgar las infracciones o contravenciones a las normas municipales sobre habilitaciones, comercio, salubridad, higiene, seguridad, y tránsito, entre otras.
En rigor, el juez de Faltas es nombrado por el Intendente Municipal, pero el sistema ofrece garantía de imparcialidad pues la destitución debe hacerse por un juri de enjuiciamiento formado por tres concejales, tres abogados de la matricula sorteados al efecto y un integrante de la Cámara Penal departamental que preside el juri.
Pareto ingresó a la comuna en 1984 y era titular del juzgado de faltas desde 1990. En 2002 reformó íntegramente el Código contravencional Municipal. El abogado es vecino de San Fernando, tiene un estudio jurídico en Gral. Pacheco, y es el padre de Paula Pareto la joven judoca argentina que logró una medalla de bronce el las últimas olimpiadas.
De los 134 municipios que conforman la provincia de Buenos Aires solo unos pocos (37) carecen de este órgano. En la zona norte, tras la polémica ordenanza promovida desde la Intendencia, Tigre será la única comuna sin este Tribunal que, aunque no es exactamente autónomo, representa la división de poderes del Estado que caracteriza a las repúblicas.
Desde el oficialismo, los encargados de defender la cuestionada conversión fueron el titular del Deliberativo, Daniel Gambino, y el edil Daniel Macri. Prensa Libre trató de contactarlos mediante llamados, tanto al Deliberativo, donde no se los encontró, como a sus teléfonos celulares, que al menos para Prensa Libre, estuvieron apagados.
El concejal vecinalista, Ricardo Fabris, por su parte, defendió la existencia del organismo al considerar: “el tribunal de faltas tiene una independencia técnica” en sintonía con “las más elementales doctrinas jurídicas modernas”, que garantizan que “quien determina los hechos punibles no es la misma que los juzga”.
En esta línea, el edil de Acción Comunal -que durante la gestión vecinalista, fue asesor letrado y director de Política Ambiental- recordó que el propio juez Pareto desestimó, en más de una oportunidad, actuaciones de las áreas que él dirigía, al considerar que no se ajustaban a derecho, sin mayores conflictos con el Ejecutivo por su independencia.
Sobre el proyecto que aprobó el Deliberativo, Fabris se quejó de que el oficialismo apuró el tratamiento “de golpe y porrazo” y no respetó los tiempos estipulados por el reglamento, que le dan a las comisiones al menos 72 horas hábiles para analizarlos. “El 8 de julio ingresó, pasó el feriado y el fin de semana y el 14, a48 horas, lo aprobaron”, dijo.
Fabris hizo notar la diferencia con otros proyectos a los que calificó como “urgentes” y que finalmente no se trataron, a saber, “un pedido de pronto despacho sobre los aumentos desmedidos de Edenor, y el tratamiento, aunque sea sobre tablas, de la emergencia sanitaria por la gripe A”, puntualizó.
Cabe consignar que una cuestión que deberá resolver la Intendencia es la situación laboral de Pareto, pues como empleado público goza de estabilidad. Actualmente el abogado, para la comuna, está con licencia sin goce de sueldo, pero no por un pedido del profesional, sino por una atribución que se tomó la comuna y que también podrá ser cuestionada por la vía judicial.
Fuente: Semanario Prensa Libre
